Anteayer estaba comprando mi periódico
en el kiosko del que soy habitual y coincidí con mi vecino Álvaro. En la
conversación que mantuvimos hasta casa, hablamos de los temas de más
actualidad: reformas, recortes, déficit, impuestos, nuevas tasas, … … . Yo le
comentaba que, en mi opinión, todo venía del mismo origen: la crisis financiera
mundial y la nuestra particular. También le comentaba que la docilidad de los
políticos, nacionales y supranacionales, a los
terroristas financieros (ya les
llamo así directamente) es sencillamente vergonzosa. Ponía el ejemplo de la
diferencia de tributación, el 21 % de I.R.C. , de los intereses de las cuentas
de ahorro que pueda percibir en un año
un ciudadano de a pie, con el impuesto del 1 % que grava a las Sicav’s, sociedades
de inversión exclusivas de las grandes fortunas. Le hacía notar que el capital
mínimo exigido a este tipo de sociedades es actualmente 2.400.000 euros, cifra
al alcance de muy pocos y muy ricos.
En estos términos
transcurría la conversación, cuando, cambiando de tema, me hizo ver que como
consecuencia de los recortes, han descubierto recientemente nuestros actuales gobernantes, empresas públicas
inactivas desde 1992, con consejeros cobrando suculentas retribuciones. Claro
está, esos consejeros procedían de los semilleros de los dos principales
partidos políticos. Me hacía ver, lo fácil que sería evitar esto con un control
un poco más fino.
Mi interlocutor evitaba
entrar en debate sobre temas fiscales. Por el contrario, yo le quería hacer ver
que un presupuesto nacional, además de nivelarse con recortes, se puede nivelar
con incremento de ingresos. De esta forma le recordé que el fraude fiscal
estimado en España es de unos 70.000 millones de euros al año; y que solo las
grandes empresas y las grandes fortunas, en 2.010, evadieron a Hacienda 42.711 millones de euros, según
informan los técnicos de Hacienda. Y que las cuotas de IVA defraudadas en el
último año se estiman en 18.000 millones de euros. Como digo, a mi vecino
Álvaro le costaba entrar en este terreno. Mientras yo le argumentaba que si los
políticos de turno quisieran de verdad luchar contra esa lacra del fraude
fiscal tan escandaloso, el resto de ciudadanos no tendríamos necesidad de
apretarnos más el cinturón, él me contestaba que “eso es muy fácil decirlo,
pero es difícil hacerlo”. Me indicaba un argumento que he oído repetidamente y
que no me convence: “¿Y si se llevan su dinero a otro país?”. Yo le rebatía que,
evidentemente, será difícil luchar contra el fraude fiscal si nadie quiere
hacerlo. Mi postura era la de exigir a
nuestros políticos esa voluntad de hacerlo. Si no quiero hacer algo, malamente
lo voy a hacer. Si además nuestros políticos están permanentemente “liados” con
elecciones municipales, autonómicas, generales, europeas, … y tienen que “cuidar
su escaño”, ¿cómo van a ocuparse de este espinoso tema, que a lo mejor les
priva de su saneado sueldo?. Mi vecino callaba.
En el siguiente cruce de
calle, cambió su rumbo, nos despedimos y acabó esta conversación.
Se me olvidaba. Mi vecino
Álvaro fue presidente del Tribunal Constitucional y supongo que tendrá
argumentos jurídicos de suficiente peso, para comentar y mantener
fervientemente lo difícil que es luchar contra el fraude fiscal. Mi formación
jurídica aunque es “de andar por casa”, me permite discernir que si de verdad
se quiere luchar contra esta lacra social, se puede hacer: no es imposible. ¿O
si?.